Como viene haciendo como mecanismo disciplinador y de castigo, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa del juez peruano Juan Carlos Núñez Matos, del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, y la de sus familiares directos, luego de que el magistrado dictara una sentencia a favor de Cosco Shipping, la empresa china que opera el puerto de Chancay.

La decisión fue anunciada por el Departamento de Estado dentro de una nueva política de restricciones contra ciudadanos extranjeros que, según Washington, atentan contra gobiernos elegidos democráticamente mediante actos de corrupción o narcotráfico.

En Perú, ya EE.UU. le había quitado la visa al fiscal general Roger Mariaca, quien llevaba la acusación contra el operador de la extrema derecha latinoamericana, el argentino Fernando Cerimedo, preso en Bolivia por un caso de femicidio y sus derivaciones.

The New York Times publicó hace pocas semanas que “Washington ha utilizado su estrategia de visas para perseguir diversos objetivos. En algunos países, ha buscado reemplazar la presencia de China con la suya propia. En otros, ha recompensado a socios de derecha que se le someten, incluso castigando a sus enemigos políticos”, ejemplificó. El argumento de esa nota era que ahora las visas funcionaban más que los aranceles comerciales, por ejemplo, para castigar a quienes se rebelan.

La lista de políticos y jueces a los que le quitó o amenazó Washington con retirarle visado es larga en el actual gobierno de Donald Trump.

Entre muchos otros, fueron afectados la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, sus dos hijos y exfuncionarios de su gobierno; los empresarios argentinos de una cooperativa neuquina que están negociando un contrato con el grupo chino Huawei; el juez brasileño Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo (quien llevó a la cárcel al expresidente Jair Bolsonaro) y la embajadora de Brasil en EE.UU., Maria Luiza Ribeiro Viotti; Andy López Beltrán, hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y dirigente del partido oficialista Morena; también en México la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila; el expresidente de Colombia Gustavo Petro y una senadora y un empresario del mismo país, Martha Peralta Epieyú y Euclides Torres, respectivamente; Juan Carlos Muñoz, exministro de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, que había intervenido en las negociaciones por un cable de telecomunicaciones submarino entre su país y China que volteó Trump, entre otros de 27 países en total y en una cantidad cercana a las 175 mil.

Para el caso peruano, ver La República.