La Justicia investiga una presunta organización dedicada a extorsionar a propietarios de supermercados de la colectividad china y sus posibles vínculos con funcionarios públicos. La Policía Federal secuestró documentación en una entidad cuyo expresidente está prófugo.

La Policía Federal allanó la sede de la Cámara de Comercio China de La Plata, ubicada en la calle 50, por orden del Juzgado de Garantías N°6, en una causa a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. Según informó La Nación, los investigadores buscaban documentación vinculada con una presunta organización que habría exigido dinero a comerciantes de origen chino a cambio de facilitar habilitaciones o evitar inspecciones y clausuras. Durante el procedimiento no hubo detenidos y fue secuestrada documentación que será analizada por la Justicia.

La investigación apunta a una estructura en la que habrían participado al menos 16 personas, entre ciudadanos argentinos y chinos, contadores y presuntos testaferros. Cinco acusados recibieron prisión preventiva, mientras que Ke Deqiang, también identificado como Matías Kedeqiang, señalado por la fiscalía como presunto jefe de la organización y expresidente de la cámara, permanece prófugo. De acuerdo con la investigación citada por La Nación, mensajes encontrados en teléfonos secuestrados son utilizados por la fiscalía como evidencia de amenazas y órdenes dirigidas contra comerciantes que se negaban a efectuar pagos.

Uno de los aspectos centrales de la causa es la investigación de posibles complicidades de funcionarios públicos. La acusación sostiene que integrantes de la organización habrían contado con contactos para intervenir irregularmente en habilitaciones y clausuras comerciales, licencias de conducir y permisos para la venta de bebidas alcohólicas. Entre los detenidos en operativos anteriores se encuentra un exfuncionario de la Subsecretaría de Convivencia y Control Ciudadano de La Plata. En agosto se habían realizado otros 15 allanamientos en La Plata, Villa Elvira, Gonnet y la Ciudad de Buenos Aires, con detenciones y el secuestro de armas, teléfonos y documentación.

La causa tiene especial repercusión dentro de la comunidad de comerciantes de origen chino, ya que, según la investigación, varias de las presuntas víctimas pertenecen a esa misma colectividad. El allanamiento de la cámara no implica por sí mismo responsabilidad penal de la institución ni de sus actuales integrantes: la Justicia intenta determinar qué papel tuvieron personas que pasaron por la entidad y si su estructura o documentación fueron utilizadas en las actividades investigadas. La causa continúa abierta y las responsabilidades individuales deberán ser determinadas judicialmente.