El exdirector del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Erik Solheim analiza el nuevo Código Ecológico y Ambiental de China, que reúne más de 30 leyes y convierte políticas sobre contaminación, clima, energía y desarrollo verde en obligaciones jurídicas de largo plazo.

Diez años atrás, el río Chishui, afluente del Yangtsé que atraviesa Guizhou, Sichuan y Yunnan, estaba fuertemente contaminado y había perdido especies de peces. En julio pasado, Erik Solheim volvió a encontrar allí aguas limpias y una fauna en recuperación.

En el artículo “China has written its environment protection into law”, publicado por China Focus, el exministro noruego de Medio Ambiente y exdirector ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente toma la transformación del Chishui como ejemplo para analizar un cambio mayor: China convirtió en ley nacional mecanismos de protección ecológica que hasta ahora dependían en buena medida de políticas, regulaciones y decisiones administrativas.

La recuperación del Chishui exigió eliminar fuentes contaminantes, establecer una prohibición de pesca durante diez años y desmantelar 342 pequeñas centrales hidroeléctricas que obstaculizaban los cursos utilizados por los peces. En abril de 2025 fueron liberados allí veinte ejemplares adultos de esturión del Yangtsé, una especie declarada extinta en estado silvestre en 2022 y que no se reproducía naturalmente desde 2000. Ese mismo año se registraron nuevamente desoves y nacimientos en el río. Para Solheim, el dato central no es solamente el resultado ecológico, sino la coordinación necesaria para conseguirlo: tres gobiernos provinciales y decenas de distritos debieron actuar sobre un mismo ecosistema y aceptar los costos derivados del cierre de instalaciones.

Ese problema de continuidad institucional es el punto de partida de su análisis del Código Ecológico y Ambiental, que entró en vigor el 15 de agosto. Se trata, señala Solheim, del segundo código estatutario adoptado por China después del Código Civil de 2020. Sus 1.242 artículos integran más de 30 leyes, unas 100 regulaciones administrativas y alrededor de un millar de normas locales, además de absorber diez leyes sobre contaminación. El nuevo cuerpo legal incorpora por primera vez la cuestión climática a la legislación china, dando fundamento jurídico al mercado de carbono y a los compromisos climáticos internacionales del país. También convierte en normas nacionales instrumentos ya utilizados, como el sistema de “jefes de río”, que asigna funcionarios responsables de tramos específicos de los cursos de agua, y las inspecciones ambientales del gobierno central.

Solheim destaca una particularidad del código frente a experiencias de codificación ambiental de otros países: una de sus cinco secciones está dedicada íntegramente al desarrollo verde y bajo en carbono, incluyendo economía circular, transición energética y mercados de carbono. Su interpretación es que China intenta dejar de considerar la protección ambiental como una restricción separada de la política económica para incorporarla al propio modelo de desarrollo. El autor respalda esa lectura con varios indicadores: en 2025, la concentración media de PM2.5 en las principales ciudades chinas cayó a 28 microgramos por metro cúbico y el 89,3% de los días registró buena calidad del aire; la biomasa de peces del Yangtsé aumentó un 200% desde la prohibición de pesca; la cobertura forestal nacional superó el 25%; y durante el primer semestre de 2026 la generación eléctrica a carbón representó por primera vez menos de la mitad de la producción eléctrica del país, con un 49,7%.

El exfuncionario de Naciones Unidas sitúa el código dentro de una evolución internacional que comenzó con las grandes declaraciones ambientales —como la Conferencia de Estocolmo de 1972— y continuó con tratados internacionales como el Acuerdo de París de 2015. Su argumento es que un código nacional introduce otro tipo de compromiso: obliga dentro del país a administraciones, empresas, funcionarios y tribunales y reduce la posibilidad de que una política ambiental sea abandonada cuando cambian autoridades o prioridades económicas. Para Solheim, esa previsibilidad también es decisiva para las inversiones de largo plazo en energía solar, baterías y otras industrias verdes. China cuenta actualmente, señala, con más de 8.000 fábricas verdes de nivel nacional, el mayor sistema de energía limpia y el mayor mercado de carbono del mundo.

El artículo dedica finalmente una reflexión a los países en desarrollo. Solheim recuerda que las actuales economías industrializadas pudieron crecer primero y afrontar décadas después los costos ambientales, mientras que los países que se industrializan hoy deben hacerlo bajo exigencias ecológicas mucho mayores. No propone copiar la legislación china —cada país tiene sistemas jurídicos y condiciones ambientales diferentes—, sino considerar un principio: agua, clima, energía y desarrollo productivo deben tratarse de manera interrelacionada y los compromisos ambientales de largo plazo necesitan instituciones que puedan sobrevivir a los cambios políticos. Desde 2016, agrega, China movilizó más de 177.000 millones de yuanes para acciones climáticas en países en desarrollo, mientras sus exportaciones de tecnologías eólicas y solares habrían contribuido a evitar alrededor de 4.100 millones de toneladas de emisiones fuera del país entre 2021 y 2025. El Chishui resume para el autor esa transformación: limpiar el río fue una decisión política; convertir su protección en una obligación legal busca garantizar que siga limpio cuando quienes tomaron aquella decisión ya no estén.