Una nueva ley china convierte en obligación jurídica las compras públicas centralizadas de medicamentos e insumos, impulsa la incorporación de trabajadores de plataformas y autónomos al seguro de los asalariados y establece un sistema nacional de cuidados prolongados.

China aprobó por primera vez una Ley de Seguridad Médica destinada a regular un sistema de cobertura que alcanza a unos 1.330 millones de personas, alrededor del 95% de la población. La norma fue aprobada el 28 de agosto por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, promulgada por el presidente Xi Jinping y entrará en vigor el 1º de enero de 2027. Una nota del periodista Mauro Ramos, corresponsal en Beijing de Brasil de Fato, destaca tres transformaciones principales: la incorporación a la ley de las compras centralizadas de medicamentos e insumos médicos, el impulso a la cobertura de trabajadores de nuevas formas de empleo y la obligación de desarrollar en todo el país un seguro para cuidados de larga duración.

Uno de los puntos centrales es la compra colectiva de medicamentos, un mecanismo que China ya utilizaba administrativamente y que ahora adquiere respaldo legal. El Estado concentra la demanda de los hospitales públicos y realiza licitaciones a gran escala, ofreciendo a los fabricantes grandes volúmenes y contratos estables a cambio de menores precios. El artículo 26 establece que el país deberá desarrollar y perfeccionar ese sistema para medicamentos e insumos médicos. Según Shi Zihai, subdirector de la Administración Nacional de Seguridad Médica, desde 2018 el gobierno central realizó doce rondas de compras que abarcaron 555 medicamentos, además de seis rondas para dispositivos médicos de alto valor que comprendieron otros 142 productos.

La segunda modificación apunta a uno de los problemas generados por las nuevas modalidades laborales. La ley alienta a autónomos, trabajadores de tiempo parcial, repartidores, conductores de aplicaciones y otras personas con empleos flexibles a incorporarse al seguro de los trabajadores formales. En 2025 ya estaban incluidos bajo ese régimen 69,82 millones de trabajadores informales, un 5,54% más que el año anterior, según el subdirector del organismo, Huang Huabo. La norma se articula con el Plan Quinquenal de Cobertura Universal de Salud 2026-2030, que establece que las plataformas digitales deberán asumir parte de las contribuciones correspondientes a repartidores, conductores y prestadores de servicios por demanda. La diferencia no es menor: el régimen de trabajadores formales reembolsa aproximadamente el 80% de los gastos hospitalarios incluidos en su cobertura, frente a alrededor del 70% del seguro de residentes urbanos y rurales.

La legislación introduce además cambios en maternidad y cuidados de larga duración. Los trabajadores formales deberán estar obligatoriamente incorporados al seguro de maternidad, financiado por los empleadores, y el cónyuge sin empleo podrá obtener el reembolso de los gastos médicos del parto, aunque no el subsidio monetario reservado a quien realiza aportes. Actualmente unos 260 millones de personas cuentan con seguro de maternidad y 28 de las 31 unidades administrativas provinciales ya cubren el parto hospitalario sin costo, de acuerdo con la subdirectora de la Administración Nacional, Wang Wenjun. Paralelamente, el artículo 55 obliga al Estado a establecer y perfeccionar un seguro de cuidados prolongados destinado a personas mayores y personas con discapacidades severas. El mecanismo funciona experimentalmente desde 2016, cubre a más de 320 millones de personas y ya proporcionó prestaciones a más de 4,6 millones; la meta oficial es alcanzar una cobertura nacional hacia fines de 2028.

El paso de estas políticas al rango de ley busca dar continuidad institucional a reformas que China viene aplicando desde hace varios años: utilizar el enorme volumen del sistema público para negociar precios de medicamentos, adaptar la seguridad social a nuevas formas de trabajo y responder al mismo tiempo al envejecimiento de la población y a las necesidades de cuidados prolongados. Según Shi Zihai, la orientación de la Administración Nacional de Seguridad Médica es reducir las preocupaciones de la población por los costos y la atención sanitaria. La nueva norma convierte ahora varios de esos mecanismos en obligaciones jurídicas nacionales y establece el marco dentro del cual deberán desarrollarse a partir de 2027.