El pliego de la obra eléctrica AMBA I impide que compañías controladas por Estados extranjeros sean contratistas principales, una condición que afecta especialmente a las grandes empresas chinas y que el Gobierno ya había incorporado en las licitaciones de la Hidrovía y las concesiones viales.

La Secretaría de Energía incluyó en la licitación de AMBA I, una de las principales obras de transporte eléctrico previstas para los próximos años, una cláusula que establece que no podrán presentarse como oferentes ni integrar un consorcio las empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros.

Aunque la restricción no menciona específicamente a China y también alcanza a compañías estatales de otros países, La Nación señala que las firmas chinas se encuentran entre las principales afectadas debido a la fuerte participación estatal en sus grandes grupos de infraestructura. Entre ellas aparece PowerChina, que ya desarrolla en Argentina cinco parques eólicos y cuatro solares, con inversiones por unos US$1.000 millones.

La disposición reproduce un criterio que el Gobierno ya utilizó en el pliego de la Hidrovía, donde quedaron excluidas las empresas chinas de dragado con participación estatal, y posteriormente en las concesiones viales. La restricción no impide que esas compañías intervengan como subcontratistas, pero les veda desempeñarse como contratistas principales u operadores.

La decisión adquiere particular relevancia por la magnitud de AMBA I: el proyecto prevé 270 kilómetros de nuevas líneas de alta tensión, una inversión estimada en 800 millones de dólares y la incorporación de alrededor de 2.000 MW de capacidad, con el objetivo de reforzar una red del área metropolitana que concentra aproximadamente el 40% de la demanda eléctrica argentina.

La nueva exclusión aparece además en un momento de creciente disputa entre Washington y Beijing por su presencia en sectores estratégicos argentinos. La Nación vincula el contexto con las recientes presiones denunciadas por la cooperativa neuquina CALF para que abandonara un acuerdo con Huawei y con la posterior protesta de la Embajada china. BAE Negocios también pone el foco en la denominada “cláusula anti-China” y en la exclusión de empresas extranjeras de propiedad estatal. AMBA I será, además, la primera de 16 obras de transporte eléctrico que requerirían inversiones superiores a 6.600 millones de dólares, por lo que las condiciones establecidas en esta licitación pueden adquirir importancia para la futura participación de compañías chinas en la infraestructura energética argentina.