Beijing destinará 21.600 millones de dólares a ampliar sus planes asistenciales en 2026. El foco estará puesto en la fragilidad de las familias y en prevenir antes de que caigan en la pobreza: si ganan 1.000 dólares pero gastan 800 en salud o vivienda, serán auxiliadas como si percibieran 400. Qué es el “dibao”.

Por Fernando Capotondo. Mientras algunos países son noticia por los recortes de sus planes sociales y la represión que ejercen a los más vulnerables, China impulsa una verdadera revolución en materia de ayuda a la población. El próximo mes entrará en vigencia una nueva Ley Nacional de Asistencia Social que, además de profundizar sus tradicionales políticas de subsidios, actuará de manera preventiva apenas aparezcan señales que presagien que una familia corre peligro de caer en la pobreza, o tiene problemas económicos para subsistir con dignidad.

La nueva norma, aprobada por el Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), incorpora a dos grupos que antes quedaban fuera de cualquier tipo de ayuda: las familias que apenas superan el umbral de la pobreza y los hogares que, con ingresos estables, tienen problemas con sus gastos de salud, educación o vivienda. El cálculo ya no pasará sólo por los ingresos, sino por lo que se gasta y lo que queda disponible después de estas erogaciones fundamentales.

La inversión del Estado será, como todo, a tasas chinas. Beijing destinará 156.680 millones de yuanes (unos 21.600 millones de dólares) a sus programas de asistencia durante 2026. La ley, compuesta por 78 artículos distribuidos en siete capítulos, establece que todas las partidas pasarán a ser obligatorias en los presupuestos de todos los niveles de gobierno. 

La cuestión no arranca de cero. Desde la década del 90 funciona el llamado “dibao”, un sistema de garantía de ingresos mínimos que hoy beneficia a un universo de entre 37 y 40 millones de personas (2,6%-2,8% de la población total), según datos del Ministerio de Asuntos Civiles. El esquema cubre a unos 7 millones de ciudadanos en las áreas urbanas, mientras que el grueso de la asistencia se concentra en el sector rural, donde ampara a poco más de 30 millones de habitantes.

Sobre esa base se construyó la nueva ley. 

¿Sí funcionará? Desde el gobierno recuerdan que China rescató de la pobreza a casi 800 millones de personas en cuatro décadas, según datos del Banco Mundial (BM), y en 2020 erradicó la indigencia de todo su territorio. Desde entonces, el foco estadístico pasó a la prevención, no a la medición de una tasa de pobreza nacional, como es común en otros países.

El algoritmo de la fragilidad

El profesor Guan Xinping, de la Universidad de Nankai, describió el cambio que se viene como un pasaje del estándar absoluto al relativo en materia asistencial. “En la práctica significa que el Estado deja de intervenir sólo cuando una familia cae por debajo de un umbral de ingresos. Ahora entra en juego la fragilidad. Una enfermedad, la pérdida de empleo o un gasto imprevisto pueden desordenar una economía familiar sin que esa familia sea considerada pobre en términos estadísticos. No es el que ya cayó. Es el que está por caer”, explica. 

Yao Jianping, de la Universidad del Norte de China, apunta en la misma dirección: la asistencia deja de ser un recurso de último momento y empieza a operar antes. “El modelo – señala – combina transferencias económicas con servicios como capacitación laboral, apoyo psicológico y programas de reinserción. La idea es evitar que una crisis puntual se vuelva permanente”. Bajo esta lógica, la nueva norma responde a la línea defendida por Beijing de reforzar la protección social sin fomentar lo que denominan “asistencialismo”, impulsando la inserción laboral y la autosuficiencia de los beneficiarios como motores de movilidad.

La ley también profundiza los mecanismos de “Asistencia temporal” para emergencias que ya venían funcionando. Se trata del instrumento conocido como el fondo de “pequeño monto y rescate rápido”, un resorte que durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025) dio cobertura a un promedio de 8,8 millones de personas al año.

En China conviven otras políticas de asistencia social que apuntan a terminar con la burocracia – que aún existe – y que el sistema sea lo más amigable posible. Desde mayo de 2025, el sistema nacional de registro matrimonial permitió que más de 682.000 parejas formalicen su situación sin trasladarse entre provincias, como ocurría antes. En paralelo, los subsidios para personas con discapacidad alcanzaron a finales de marzo a 11,998 millones de beneficiarios en situación vulnerable y a 16,826 millones con discapacidad grave. En ese mismo período se tramitaron 293.000 solicitudes en línea.

La implementación de estos programas combina lineamientos centrales con adaptaciones locales. En el condado de Jing, en Xuanzhou, se asignaron más de 25 millones de yuanes (unos 3,4 millones de dólares) para asistir a 8.863 residentes rurales, con pensiones mínimas de 755 yuanes mensuales (unos 105 dólares), y a 1.061 residentes urbanos, con al menos 842 yuanes (unos 117 dólares). A eso se sumaron subsidios adicionales en Beijing, Shanghai y Jiangsu. 

También se reforzó la protección a menores. A finales de marzo, los subsidios alcanzaban los 2.093,4 yuanes mensuales (unos 290 dólares) para huérfanos en instituciones, 1.627,2 yuanes (225 dólares) para quienes viven en la comunidad y 1.614,6 yuanes (223 dólares) para niños sin cuidado parental efectivo.

Entre Weibo y Occidente

Durante la elaboración de la nueva ley, el intento oficial de reemplazar la expresión “vagabundos y mendicantes” por la más neutra “personas desplazadas sin lugar donde vivir” generó críticas en redes sociales como Weibo. Para el gobierno, el cambio buscó reflejar que muchas de esas situaciones eran transitorias y no una condición permanente. Para parte de la opinión pública, la modificación fue una evidente manipulación que no alteró la realidad. 

Según cifras oficiales, unas 620.000 personas en condiciones de calle o en situaciones severas reciben cada año asistencia. Entre 2024 y 2025, más de 700.000 fueron asistidas bajo estas categorías. Los números alimentan el debate sobre el alcance real del sistema. Aun con ese ruido, entre especialistas hay consenso en que la ley marca un punto de inflexión. Zheng Gongcheng, de la Universidad Renmin, lo resume en términos simples: la red de protección social se ensancha y empieza a cubrir situaciones que antes quedaban afuera. Frente a esta mirada, agencias y medios occidentales informaron que la medida excede el marco del bienestar social y busca, en realidad, un objetivo macroeconómico: apuntalar la confianza de los hogares para impulsar el alicaído consumo interno.

El desafío más delicado pasa ahora por la ejecución. La ley introduce un criterio que cambia la lógica completa del sistema, porque la vulnerabilidad pasa a medirse por los gastos inevitables. Una familia que gana 1.000 dólares y destina 800 a tratamientos médicos entra en el mismo campo de atención que otra que percibe 400. 

En un contexto internacional donde varios sistemas de asistencia social se achican, China prueba otra cosa. No hay garantías sobre el resultado final. Pero sí una señal clara: el problema ya no es la pobreza extrema, que el gobierno considera superada, sino la fragilidad. Y ahí, justo ahí, es donde el sistema decide intervenir antes de que sea tarde.