Con el primer minuto del 2016, este viernes entrará en vigor la nueva legislación que autoriza a las parejas a tener dos hijos, dejando atrás más de tres décadas de control de la natalidad que contuvo el crecimiento demográfico pero creó el problema del rápido envejecimiento de la población.

El Partido Comunista Chino (PCC) había anunciado en octubre el fin de la política del hijo único, impuesta a fines de los años 70 para contener la enorme natalidad estimulada por el fundador del régimen, Mao Tse Tung (1949-1976). La norma se aplicó en todo el país a partir de 1980 y desde entonces ha tenido diferentes periodos de aplicación más o menos laxa.

Las autoridades consideran que esa política evitó 400 millones de nacimientos y constituye una de las claves del fuerte crecimiento económico del país, que sigue siendo pese a todo el más poblado del mundo, con unos 1.370 millones de habitantes.

El control de la natalidad fue menos estricto entre las minorías étnicas y se fue flexibilizando en zonas rurales, donde las parejas podían tener un segundo hijo si el primero era mujer. Los funcionarios a cargo del control de la natalidad autorizaban los nacimientos e imponían multas a quienes ignoraran las normas, recurriendo en muchos a casos a medidas polémicas como la esterilización forzada y abortos en meses avanzados de la gestación.

Los abortos selectivos y los infanticidios en una cultura tradicional con fuerte predilección por los varones provocaron además un grave desequilibrio demográfico: en 2014, se registraron 116 nacimientos de varones por cada 100 mujeres (la relación en el conjunto de la población es de 105 hombres por cada 100 mujeres). La política del hijo único también provocó un proceso de envejecimiento de la población que plantea enormes desafíos futuros.

En 2013, el gobierno autorizó a tener dos hijos a las parejas si uno de sus miembros era hijo único. Pero la medida no hizo aumentar la natalidad como se esperaba.

La nueva legislación permitirá además legalizar la situación de millones de ciudadanos sin documentos oficiales, cobertura médica ni derecho a la educación pública por ser hijos de padres que no respetaron la política del hijo único.

La nueva ley pareció insuficiente a defensores de los derechos humanos, que reclaman “abolir completamente” el control sobre los nacimientos.

La noticia en Clarín