La semana pasada el ministro de Economía, Luis Caputo, publicó en su perfil en X: “Acordamos el reinicio de las obras de las represas de Santa Cruz, que llevaban años de suspensión por incumplimientos contractuales”.

“Con esta decisión”, continúa el mensaje, “regularizamos las condiciones para retomar inicialmente la construcción de la represa Cepernic, que podría finalizarse en el año 2030 y aportar 1860 GWh al Sistema Argentino Interconectado, fortaleciendo la matriz energética nacional. Cumplimos los compromisos asumidos y seguimos normalizando el sector energético”.

Una nota de Perfil repasa que el proyecto está 100% financiado por China, a través de dinero girado según el avance de las obras y dispuesto por el China Development Bank Corporation, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China.

“Sin embargo, se fue frenando al ritmo de las disputas políticas locales”, dice el medio, para agregar que se trata de un proyecto “vinculado directamente con el otorgamiento primero, y la profundización después, del programa que establece el swap de monedas. De hecho, la obra comenzó con la liberación de unos US$ 500 millones hacia agosto de ese año. Llegó entonces el cambio de gobierno y la decisión de Mauricio Macri de revisar el contrato de Gezhouba para construir la represa”, lo que derivó en su congelamiento y luego idas y vueltas  —que incluyeron el gobierno de Alberto Fernández—, hasta que Milei, ya en el poder, determinó que la construcción se suspendía hasta nuevo aviso, y “que el financiamiento residual quedaba en manos, exclusivamente, de Gezhouba”.

Sin embargo, dice la nota, “la propia constructora le recordaba al Ejecutivo que el financiamiento no implicaba dinero por parte del país, con lo cual no acrecentaba el déficit fiscal, ya que los dólares necesarios eran negociados por Gezhouba directamente con los bancos financistas.”

Antes del comunicado por redes sociales de Caputo, “a fines de 2024, últimos registros de avance, el nivel de las obras era del 50% en el caso de Cepernic y del 30% en la represa Kirchner, proyectos que, de no renovarse, corrían riesgo de sucumbir a la erosión natural y al vandalismo.”