Denuncias, desmentidas, buques en aguas internacionales y un discurso alineado con Washington reavivan el debate sobre la pesca de bandera china en la Milla 201. El conflicto que se juega mar adentro y los acuerdos que marcaron 2025.

Por Fernando Capotondo

En plena temporada de denuncias por la presunta pesca ilegal de cientos, miles, millones de buques de bandera china en aguas internacionales, desde Beijing volvieron a desplegar su conocido repertorio de respuestas, aunque con algunas novedades. Como todos los años, defendieron la legalidad de sus operaciones y cuestionaron el sesgo político de muchos informes que circulan en Occidente, pero esta vez sumaron un argumento que consideraron no menor: la ratificación y puesta en práctica de un par de acuerdos globales que, según sostuvieron, navegan en sentido contrario a las acusaciones que suelen recibir.

Ocurre que durante 2025 China no sólo ratificó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto de las Naciones Unidas (PSMA), orientado a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), sino que también avanzó en la aplicación del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial de Comercio (ASPOMC), al que Beijing había adherido en 2023, dos años antes que la Argentina.

Como responsable de la mayor flota pesquera del mundo (estimada en unos 500.000 buques, de los cuales alrededor de 2.600 son de altamar), el país asiático aseguró respetar estos tratados hasta la última coma, poniendo énfasis en la supervisión de la pesca en aguas distantes y en el monitoreo 24×7 de la posición de sus buques, dos cuestiones que preocupan a no pocas economías de occidente. “Cuando China adhiere a un tratado internacional es para cumplirlo, no como ocurre en otros lugares”, insistieron fuentes de la Asociación de Pesca de Ultramar de China (COFA).

“Sumarse al PSMA representa un avance en los esfuerzos del país para combatir la pesca ilegal y proteger los recursos marinos, además de confirmar que China asumirá mayores responsabilidades internacionales en la gestión pesquera”, afirmó Liu Zinzhong, un funcionario del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, al valorar el tratado que maneja la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La ratificación china del acuerdo – el primero de carácter global y vinculante que abordó la pesca INDNR – entró en vigencia el 16 de abril de 2025, en medio de la polémica que había generado un convenio firmado por Estados Unidos, Fiji y otros países, autorizando a Washington a inspeccionar arbitrariamente los barcos chinos que se encontraran en aguas insulares del Pacífico.

“China siempre respeta los derechos soberanos y la jurisdicción de los países costeros en sus zonas económicas exclusivas (ZEE) en virtud del derecho internacional. Pero nos oponemos a que cualquier país recurra a la manipulación política y siembre discordia bajo el pretexto de combatir una supuesta pesca ilegal”, fue la respuesta del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

Respecto al otro acuerdo de la OMC, establece una política de tolerancia cero a la entrega de subsidios en caso que se detecten casos de pesca INDNR, especies sobreexplotadas y actividades en alta mar sin las debidas regulaciones. Si bien este tratado había sido adoptado en la 12a Conferencia Ministerial de la OMC, en junio de 2022, recién entró en vigencia en septiembre de este año, cuando se alcanzó la aprobación de las dos terceras partes del organismo, con los votos de Brasil, Kenia, Vietnam y Tonga.

Más allá de estos acuerdos, fuentes del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales recordaron el compromiso de Beijing en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (1981), la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (1996), el Acuerdo de la ONU sobre Poblaciones de Peces (2006) y el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (2022). Asimismo, destacaron la participación china en organismos internacionales como la Comisión de Pesquerías del Pacífico Centro-Occidental (WCPFC), la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), la Organización de Pesquerías del Atlántico Suroriental (SEAFO), la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), la Comisión de Pesquerías del Atlántico Norte (NEAFC) y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT/IATTC).

“El historial de cumplimiento de China en las organizaciones regionales que integra siempre ha sido alto”, afirmó otra vocera de la cancillería, Mao Ning, al rechazar acusaciones sobre pesca INDNR por vigésimo octava vez en el año. Entre sus argumentos, Mao insistió con un dato clave: “Según el derecho internacional, las actividades de pesca ilegal, no declarada y no regulada que sean cometidas por buques pesqueros individuales, no deben ser atribuidas a sus países”.

Milla más, milla menos

Con ese telón de fondo global, la Argentina volvió a ocupar un lugar ya conocido. Como ocurre cada temporada, cuando el calamar illex argentinus enciende la zafra y los señuelos dibujan una suerte de constelación sobre el Atlántico Sur, reaparecieron las acusaciones contra China, con opiniones e informes que coincidieron sobre el “saqueo pesquero”, “depredación de recursos” y “extractivismo marítimo” que cometen los 400 buques extranjeros – en su mayoría de bandera china – que operan sobre la denominada Milla 201, justo afuera de la ZEE.

Precisamente, por estos días se difundió un informe de la Armada Argentina sobre una operación llamada “Mare Nostrum VI”, que el 4 de diciembre detectó la presencia de un buque extranjero pescando dentro de la ZEE. Si bien fue un caso aislado entre cientos, alcanzó y sobró para despertar suspicacias, títulos alarmistas y narrativas que confundieron legalidad con amenaza.

En ese delgado límite, el abanico de acusaciones fue desde los que aseguraron tener pruebas irrefutables contra los pesqueros chinos, hasta los que reconocieron que navegan legalmente en aguas internacionales, pero igual son responsables de una actividad que afecta a las especies que viven a sólo una milla de distancia, es decir en la ZEE de la Argentina.

Frente a este dilema, algunos sectores de la Argentina parecieron exagerar su dialéctica contra “la amenaza china” y exaltaron los debidos patrullajes que se realizan a lo largo de los 3.000 kilómetros del Mar Argentino, como si se tratara de la previa de la Tercera Guerra Mundial. Al margen de la eficacia de esta estrategia, una de las pocas certezas fue que las autoridades procuraron que no se repitiera el papelón de 2024, cuando el entonces ministro de Defensa, Luis Petri, montó un cinematográfico operativo para interceptar a un buque chino que estaba operando sin violar ni medio centímetro de la ZEE. Argentina se estuvo cuidando, con todo lo que eso implica.

Del otro lado del mostrador, la respuesta de China se repitió con una regularidad casi mecánica: rechazó las acusaciones de pesca ilegal, subrayó que nunca recibió una denuncia formal de la Argentina, insistió en que sus buques operan fuera de la ZEE, advirtió que una irregularidad individual no debe atribuirse al país y se amparó en el entramado jurídico internacional, que dice haber reforzado con los acuerdos que ratificó y entraron en vigencia durante 2025.

Pero, como suele ocurrir en este tipo de cruces, la discusión no se mantuvo en el terreno de las normas y terminó desplazándose hacia otros escenarios, mucho menos transparentes. En ese otro juego, el cotizado calamar dejó de ser un recurso pesquero migratorio y pasó a convertirse en una ficha política, útil para construir enemigos y ordenar alineamientos. Ya no importó tanto qué ocurría bajo el agua, sino quién definiría el relato desde la superficie.

Este es, precisamente, el otro juego del calamar: una disputa que no se resuelve en el Mar Argentino ni en la Milla 201, sino en las aguas más turbias de la geopolítica.