El Gobierno de Javier Milei denunció ayer que “no hubo consenso” en la declaración final de la IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que participó China.

La Declaración de Tegucigalpa que fue adoptada por 30 de los 33 que integran el organismo, que tuvo su cumbre con el apoyo de China.

Argentina rechazó el manifiesto acusando una “imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional”.

En un comunicado de su Cancillería, Argentina enunció que “exige el respeto al principio de consenso en la Celac y denuncia la violación de procedimientos”, subrayando que Argentina “deja constancia formal de que la denominada ‘Declaración de Tegucigalpa’ carece de validez y no puede considerarse un documento oficial de la Celac”.

Sin mencionar explícitamente a Estados Unidos, el documento incluyó en uno de sus ocho puntos que la Celac “rechaza la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional”.

Por otra parte, la Declaración de Tegucigalpa ratifica la plena vigencia de la denominada Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, “la que tiene como base el respeto a los propósitos y principios de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, la cooperación internacional, la democracia y el Estado de Derecho, el multilateralismo, la protección y promoción de todos los derechos humanos. el respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial”.

El Gobierno de Milei expresó su “más enérgico rechazo ante la violación de los procedimientos que rigen el funcionamiento” de la Celac durante la cumbre en Honduras

Sostuvo que, pese a que Argentina no otorgó su aprobación a la adopción de la declaración final, la Presidencia pro témpore hondureña “intentó imponer dicho texto de manera ilegítima, invocando una figura inexistente en el marco normativo de la Celac: el llamado ‘consenso suficiente’”.

“Esta expresión ambigua e imprecisa contradice el principio de consenso pleno, piedra angular del funcionamiento institucional de la Celac, tal como lo establece su documento fundacional ‘Procedimientos para el funcionamiento orgánico de la Celac’”, argumentó el ministerio a cargo de Gerardo Werthein.

Una postura similar fue asumida por Paraguay, país que no reconoce a la República Popular China. Un comunicado de su cancillería expresa que el país “manifestó puntualmente que no estaba de acuerdo con los términos de la declaración final y que por tanto no había consenso”.

En Perfil, la politóloga Cecilia Degl’Innocenti explica que “de un lado, el presidente argentino alineado irrevocablemente a Washington se encontraba con su par paraguayo, Santiago Peña, en un intento de armar un frente contra el sello progresista de la región. Del otro, el presidente brasileño, Lula da Silva, lideraba el debate en el foro regional que tuvo dos ejes: las críticas a la ‘cruzada arancelaria’ de Estados Unidos; y la defensa del derecho internacional, en un momento marcado por el uso de la fuerza y abiertas violaciones a las convenciones de Ginebra en las guerras de Ucrania y Gaza.”

Asimismo, indica que “el foro regional fue desestimado por Casa Rosada, que relegó a la región a un segundo orden como parte de la reestructruración de Cancillería que encara Gerardo Werthein. A tal nivel que ni Milei ni el canciller asistieron sino que enviaron al vicecanciller Eduardo Bustamante, quien cumple funciones protocolares y tiene poco peso político en el entramado de Cancillería”.

También sostiene que Argentina “quedó desdibujada frente al liderazgo de otros países, inclusive Uruguay”, cuyo presidente reforzó el llamado al respeto por el derecho internacional.

“En nuestra región”, dijo Yamandú Orsi, “este llamado nos lleva a reafirmar dos reivindicaciones históricas: la defensa a la soberanía de los estados de derecho, a vivir sin amenazas agresiones o medidas coercitivas unilaterales, como se dijo acá, respecto al bloqueo a Cuba o al derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas”.