La Cámara Federal rechazó esta semana otra vez una causa que obligaría a la Justicia a investigar si el Gobierno Chino está cometiendo genocidio y delitos de lesa humanidad contra una parte de su población. La denuncia fue hecha en agosto de 2022 por el abogado inglés Michael Polak, que viajó a Buenos Aires sólo por este motivo. Polak pertenece a la asociación “Lawyers for Uyghur Rights” y auspició la presencia también de Omer Kanat, del “Uyghur Human Rights Project”, iniciativa creada y financiada por la NED (National Endowment for Democracy), de la cual su primer presidente dijo sin tapujos: “Mucho de lo que hoy hacemos, lo hacía ya hace 25 años la CIA de manera encubierta”.

Quienes acometieron la misión de pedirle al gobierno de Argentina que enjuicie a China serían conscientes de que el caso no prosperaría en el ámbito judicial, pero nada les impedía capitalizar la acción mediática: una foto de algunos uigures y su abogado frente a un tribunal con una bandera celeste y blanca, publicada en diarios de varios países.

Mientras, la causa recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y ante el hecho de que la misma denuncia se había hecho en Turquía y en Francia, donde había uigures —aquí no—, se archivó el caso. Los denunciantes apelaron, la Sala III de Casación primero hizo lugar al planteo, pero ahora dictó un nuevo fallo ratificando su negativa.

La Cámara afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de llevar adelante las relaciones con los gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Ante el dato ofrecido por esa cartera de que 19 uigures residentes en Turquía habían iniciado una causa penal en ese país, los jueces advirtieron que “la aplicación de la regla de complementariedad impide a la justicia argentina proceder”.

Lo más probable es que este fallo también sea revisado, y de que algunos medios sigan teniendo material para explayarse sobre los crímenes de China en la Región Autónoma de Xinjiang, que concentra a la población uigur. La visibilidad del tema es importante en la guerra simbólica que Estados Unidos le hace a China. Los uigures de Xinjiang es uno de los talones de Aquíles de China, junto con Hong Kong, Tibet y Taiwán. El coronel retirado Lawrence Wilkerson, ex jefe de Personal del Secretario de Estado Colin Powell, ha explicado sin ambages que “si la CIA quiere desestabilizar China, debería crear inquietud y sumarse a la presión de los uigures”.

Se trata de una campaña que, por otra parte, pone en evidencia las limitaciones de China para defenderse en el terreno de la comunicación. La movida ha obligado al Gobierno a exhibir lo que había censurado para no darle publicidad a los grupos más violentos: imágenes e información sobre los ataques terroristas de los uigures que participan de la jihad. Con la publicación de un libro blanco y un mar de contenidos transmitidos por el grupo de medios estatales, ha conseguido apaciguar el espanto de los propios chinos, ante la información que les llegaba desde el exterior del “genocidio” de los uigures.

El Gobierno recibió en 2022 a Michelle Bachelet en su función de Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, para abrirle las puertas de la Región Autónoma de Xinjiang. Bachelet culminó su misión instando al Gobierno de Xi Jinping a revisar su política antiterrorista para garantizar que cumple los estándares internacionales, pero no encontró pruebas de las violaciones denunciadas, por lo cual recibió un hostigamiento sin pausa por parte de las corporaciones mediáticas, organizaciones de derechos humanos y gobiernos occidentales.

Han resultado más eficaces que las agencias de propaganda de China algunos medios de otros países, como el estadounidense The Grey Zone, que ha advertido que la fuente más usada por CNN, AFP, EFE, etc., para la campaña antiChina por los uigures es un tal Adrian Zenz, ideólogo de extrema derecha y fundamentalista cristiano que ha dicho que está “dirigido por Dios” contra el gobierno de China. Asimismo, ha denunciado que otras investigaciones surgieron del Instituto Australiano de Política Estratégica (ASPI) y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), con sede en Washington, DC, formados básicamente por “grupos de expertos militaristas de derecha financiados por gobiernos de EE. UU. y Occidente, megacorporaciones y una sorprendente variedad de fabricantes de armas”.