El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, firmó el decreto provincial 3312/22 para autorizar la construcción de la estación naval y se lo giró a la Legislatura provincial para que sea tratado por sus diputados.

El decreto ratifica el memorándum de entendimiento Nº23072, firmado con la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd. “a los efectos establecidos por los artículos 105 inciso 7) y 135 inciso 1) de la Constitución Provincial”.

Perfil sostiene que en el memorándum, la empresa china se compromete a invertir en una terminal portuaria multipropósito con recinto interno —que permite el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas— y una central eléctrica de 100MW.

La inversión también incluiría una planta química con una capacidad de producción anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato.

Según iProfesional, “todo el proyecto implicará una inyección de 1.250 millones de dólares”.

Un informe de TN especifica que la provincia se compromete a “completar las aprobaciones del proyecto a la mayor brevedad, con sujeción a las disposiciones legales vigentes y futuras”; “Coordinar a cada una de las partes involucradas, creando un entorno favorable para la construcción del proyecto y garantizando su adecuada implementación”; brindar “orientación y facilidades para la instalación, presentación y aprobación del proyecto dentro del marco de su respectiva legislación nacional y provincial” y “El proyecto de inversión será beneficiaria de las políticas fiscales preferenciales de Tierra del Fuego de conformidad con la normativa vigente”.

En tanto, la empresa china se haría cargo de “Impulsar activamente a las empresas chinas a invertir en Tierra del Fuego, sumar a la fotaleza en materia científica y tecnológica, esforzarse por aumentar el valor agregado de los recursos energéticos locales contribuyendo al desarrollo económico de Tierra del Fuego”; “Dar forma e implementar la nueva filosofía corporativa de protección ambiental, salud y seguridad, mejorando la responsabilidad social corporativa”; Proporcionar a la población local tantos puestos de trabajo como sean posibles, capacitar a los talentos locales en la parte técnica y fortalecer la cooperación con las empresas locales” y “Contribuir a los intercambios tangibles entre ambas provincias y expandir las áreas de cooperación recíproca”.

Los medios que informan sobre la iniciativa de inversión lo hacen en forma de alarma ante el “avance” de China. Infobae arranca la noticia asegurando que “La Argentina continúa facilitándole el ingreso a cuestiones estratégicas a China, esta vez en Tierra del Fuego, la puerta a la Antártida que el régimen de Xi Jinping pretende como parte de sus proyectos expansionistas en el mundo.”

TN titula: “Avance chino en la Argentina: sus motivos ocultos para construir un puerto en Tierra del Fuego” y Perfil relaciona el proyecto con la pesca ilegal. Cita a Sergio Cesarín, coordinador del Centro de Estudios de Asia-Pacífico e India de la Universidad de Tres de Febrero: “Evidentemente hay interés chino en desarrollar su estrategia de flota pesquera en el Atlántico Sur por la riqueza del mar, donde la pesca ilegal es crítica y severa”.

También reproduce conceptos de Fabián Calle, analista político y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Austral de Argentina: “no cabe duda que la presencia y presión de China en el sur argentino es un problema muy serio, sobre todo con los barcos que realizan pesca ilegal”.

Otros sectores de la oposición han sido más virulentos. La diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, twitteó: “Presentaremos denuncia penal contra los responsables de esta entrega histórica de nuestra soberanía”.

Por su parte, Miguel Pichetto, auditor general de la Nación manifestó, por la misma vía: “Nos metemos en el conflicto Estados Unidos – China por la puerta equivocada.”

El diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, publicó: “Vendiendo Argentina por el yuan”, mientras que el senador nacional Pablo Daniel Blanco, exigió la inmediata intervención del Canciller Santiago Cafiero para que haga pública la posición del gobierno nacional” con respecto al memorándum”.

Ver también análisis más amplio sobre la soberanía en el Atlántico Sur de Jorge Bernetti en Télam, donde se resume cómo el Gobierno nacional busca marcar presencia en el área y se sostiene: “El problema no es como cree, o intenta hacer creer, el Departamento de Estado de EEUU, ‘la presencia de Rusia y China en la región’, sino el férreo dominio político y militar sobre los países latinoamericanos. Las bases en el medio del Atlántico, desde Ascensión a Malvinas, varias de las cuales cuyo uso concedió Gran Bretaña a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, constituyen su clara expresión.”