Días después de afirmar que la obra de las represas de Santa Cruz podrían frenarse por los recortes a gastos fiscales impuestos por el acuerdo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el FMI, La Nación asegura que el proyecto corre riesgo por la acusación de corrupción durante los gobiernos anteriores.

Según el matutino, por las denuncias del caso de los cuadernos, el Gobierno argentino revisaría las obras de energía adjudicadas a , que totalizarían US$11.968 millones, correspondientes a las empresas Esuco, Electroingeniería, Impsa, Isolux, Albanesi BTU e Iecsa. El empresario “más beneficiado y que podría resultar más perjudicado es Gerardo Ferreyra” de Electroingeniería, cuyo proyecto en marcha más importante es el de las represas Cóndor Cliff y Barrancosa, sobre el río Santa Cruz, por US$4714 millones, con un 20% de ejecución. Según la nota esta sería la “obra más conflictiva para rescindir” porque participan empresas de China, “que podría demandar a la Argentina y desatar un conflicto diplomático.”

La semana pasada, Clarín adjudicó a “fuentes oficiales” la información de que el ministro de Energía Javier Iguacel se reunió con autoridades de la Embajada de China “y allí manifestó que para darle continuidad a la obra el socio local debía retirarse del consorcio. Se pidió que este pedido llegue a las autoridades de la constructora china Gezhouba.”