El supermercadista Xue Aihua denunció que tres hombres y una mujer identificados como personal de Migraciones  ingresaron por la fuerza al local, donde vive y trabaja, sin orden judicial. Además esa situación desencadenó en un violento allanamiento ordenado por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta. A pesar de que no hubo pruebas en su contra, permaneció detenido durante dos meses acusado de trata de personas. Su abogada, Déborah Huczek, pide la nulidad de todo lo actuado por Migraciones y que se investigue a los responsables   

En LEER MÁS, la denuncia de la abogada Déborah Huczek.

Sr. Xue Aihua, propietario de un supermercado chino donde vive y trabaja junto a su familia ubicado en el barrio de San Miguel, denuncia que sufrió un allanamiento ilegal del personal de Migraciones, que ingresó a su domicilio sin orden judicial, en el marco de la investigación por una causa de trata  que lleva adelante el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta,  y en la cual Xue no tuvo ninguna participación.  

Todo comenzó el 27 de diciembre cuando el comerciante estaba cerrando el supermercado chino donde vive y trabaja junto a su familia ubicado en el barrio de San Miguel. En ese momento ve que un grupo de 4 personas (tres hombres y una mujer) se dirigen velozmente hacia el con la intención de ingresar al local.  Pensando que se trataba de otro robo, y para proteger a su hermana embarazada y a su cuñado que estaban dentro, estira sus brazos para impedir el ingreso. Inmediatamente estos hombres lo toman por la fuerza del cuello y lo arrojan al piso para luego concretar su cometido.

Las personas que estaban allí coinciden en relatar que pensaron que se trataba de un robo, en virtud de la violencia desplegada por estas personas. Y lo que hicieron fue esconderse en las instalaciones del local, debido al temor que sufrieron.

Una vez dentro del local, quienes habían ingresado a la fuerza se identificaron como personal de Migraciones y pidieron la identificación de las personas que estaban allí. La hermana de Xue, embarazada de 8 meses, debió ser asistida en el hospital por las fuertes contracciones que le generó este hecho, que  fue captado por la cámara de seguridad y aportado a la Justicia.

Producto del allanamiento violento realizado por Migraciones  y sin que tenga facultades para llevar a cabo tamaña medida, se llevaron a los tres ciudadanos chinos detenidos y las dos mujeres debieron ser asistidas en el hospital.

El juez interviniente, en lugar de valorar e investigar el accionar de los miembros de Migraciones, ordenó un allanamiento en el local 13 días después, y conjuntamente con ello la encarcelación de Xue, a pesar de que no encontraron prueba de ningún delito. De esta forma, Xue estuvo más de dos meses preso acusado de trata de personas y otros delitos que jamás cometió. En el operativo participaron más de 20 personas y arrancaron los cables de la cámara de seguridad del local. Lo catalogaron como una situación de trata a pesar de que constataron que la chica embarazada era su hermana y que era un negocio familiar sin empleados. Por eso, a pesar de que en este caso sí hubo una orden judicial, también cuestionamos este segundo allanamiento donde abusaron del poder y se los sometió a un trato sumamente indigno, privándolo de la libertad injustamente.

“Es importante mencionar que todos los ciudadanos de nuestro país gozan de garantías constitucionales que deben ser respetadas por la autoridad en todas sus expresiones. Y que Migraciones no tiene facultades para allanar un domicilio, mucho menos para actuar violentamente. No se comprende como un juez de la nación puede avalar tamaño procedimiento ilegal.

Incluso personal policial para ingresar a un domicilio requiere de una orden judicial. Nadie puede violentar el derecho constitucional a su privacidad, a la propiedad privada. La constitución Nacional es clara cuando lo prohíbe.

Actualmente  el hombre de origen chino recuperó su libertad, se reencontró con su familia y trabaja en el mismo lugar donde lo hizo siempre.

Estamos esperando que en la próxima audiencia se decrete la nulidad de todo lo actuado por Migraciones y se investigue a sus responsables, porque el poder necesita un límite claro cuando arremete contra los derechos de los ciudadanos.

El pedido se encuentra en la etapa revisora de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.