En una arremetida privatizadora en el sector de energía, que incluye ventas de activos de Enarsa, el gobierno le cambió el nombre a las centrales hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”, que están siendo construidas en la provincia de Santa Cruz por la empresa china Gezhouba junto con la argentina Electroingeniería. Luego de cinco año de haber sido bautizadas, se llamarán Condor Cliff y La Barrancosa, respectivamente.

Los nombres corresponden a los parajes donde están siendo construidas y habían sido los utilizados en una primera instancia. El Cronista citó a un funcionario que opinó: “Es un cambio de época. No está bien que se cambien las denominaciones originales con objetivos de tipo político. Estamos recomponiendo algo que no debería haber sido cambiado”.

La medida forma parte del decreto 882/2017, publicado ayer en el Boletín Oficial, que también ordena la puesta en venta de activos estatales relacionados con la energía y establece la fusión de Enarsa con Ebisa, empresa encargada de comercializar la electricidad de las centrales binacionales, y el cambio de nombre de la primera, que pasará a llamarse Integración Energética Argentina S. A.

El diario La Nación explica que “se trata de medidas que Macri quiere implementar desde el primer día de su administración, pero recién ahora se siente con el poder suficiente y la confirmación en las urnas para llevarlas a cabo.”

El decreto también instruyó a Enarsa a poner en venta centrales eléctricas en las que tiene participación, como las San Martín, la Belgrano, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown, comprometiendo al comprador a completar las obras para que funcionen como ciclos combinados y generen más electricidad.

También cederá el 50% de Citelec, titular a su vez del 52% de Transener, la transportadora de alta tensión. El Estado amplió la participación en la empresa el año pasado, cuando la acción costaba $ 7,2. Hoy supera los $ 40.

También se desprenderá de más del 8% que tiene en Central Puerto, entre otros recursos del Estado.

“El objetivo de la cartera de Energía es desprenderse de todas las participaciones en las que no tenga el control con el objetivo de hacer un Estado menos pesado y más eficiente”, dice La Nación, asegurando que “en total, espera recaudar US$ 1000 millones que se destinarán a costear obras de energía.”