En la audiencia que se llevó a cabo ayer, el principal cuestionamiento se centró en el incumplimiento de la ley de ética pública por presuntos conflictos de intereses y falta de independencia del nuevo estudio de impacto ambiental, dado que su fuente es Ebisa, una empresa estatal del ministerio de Energía.

La Nación informa que entre los oradores que rechazan las hidroeléctricas fue recurrido el argumento de que el único motivo por el que se lleva adelante el megaproyecto es por la presión y amenaza de China.

Asimismo, sostiene que los ambientalistas “esgrimieron que no evalúa la traza del nuevo tendido eléctrico que transportará la energía” y menciona a Manuel Jaramillo, de la Fundación Vida Silvestre, quien “apeló a evitar repetir el desaguisado de ‘haber extinguido al pato serrucho en Misiones cuando la empresa Socma construyó la represa Urugua-í’”.