Más de un centenar de oradores exponen desde hoy en la audiencia pública sobre la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en la provincia de Santa Cruz, adjudicadas durante el Gobierno anterior a la empresa local Electroingeniería y la china Gezhouba. El 85% del financiamiento de la obra corresponde a China. Una parte de la audiencia tiene lugar en el Salón Azul del Senado y otra en Río Gallegos. Se espera que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y el de Medio Ambiente, Sergio Bergman, ofrezcan detalles sobre sus informes de impacto que tendrán las represas desde el punto de vista sismológico, geológico, hidrológico, sanitario y ecológico. Luego, decenas de ONG’s impugnarán las obras por razones ecologistas.

Las represas requieren una inversión de costo de 4.730 millones de dólares para generar una potencia instalada de 1.310 megavatios, lo que equivale a cerca del 4% del total nacional.

La Corte Suprema suspendió las obras en diciembre pasado y exigió hacer un estudio ambiental, basado en el artículo 23.879, de participación ciudadana prevista en la ley de Obras Hidráulicas.

La Política Online recuerda que el ministro “Aranguren se lo encargó a Bergman, pero ignoró el consejo del embajador en China Diego Guelar y organizó una gira a China antes de terminar el proceso” y sostiene que el presidente “Macri pagó caro su carpicho: el presidente chino, Xi Jiniping, demoró cualquier otro acuerdo, hasta no tener la obra de las represas en marcha. Recién podrá haber obradores en septiembre.”

Por su parte, en Ámbito Financiero Florencia Arbeleche menciona un“apuro” del Gobierno por la aprobación, dado que “si las obras no arrancan en el corto plazo, no sólo caerá el financiamiento del China Development Bank Corporation acordado en 2012 por Cristina de Kichner por u$s 4.714 millones para las represas, sino que están en riesgo otros u$s 2.099 millones para el proyecto del Belgrano Cargas, cuya puesta en marcha constituye uno de los emblemas de campaña del macrismo.”

Tras la audiencia, las comisiones especializadas del Congreso tendrán un mes para emitir un parecer que habilitaría a las autoridades nacionales a solicitar al Poder Judicial el inicio de los trabajos suspendidos.

“De acuerdo con el plan de trabajo, las represas deberían estar terminadas en 86 meses, empleando a alrededor de cinco mil trabajadores de Santa Cruz. De sortear el obstáculo judicial con éxito, las obras podrían arrancar en septiembre, dos meses antes de las elecciones generales”, dice Ámbito Financiero.