El secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, dijo que “antes o después del invierno estamos confiados en que se reinicien las obras”, del complejo hidroeléctrico Néstor Kirchner y Jorge Cepernic al tiempo que señaló que “bien hecha, esta obra es positiva. Tiene mínimo impacto en el ambiente y un alto impacto económico en la provincia”.

El proyecto de las represas fue presentado internacionalmente en 2012, y un año más tarde adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Electroingeniería, la firma China Gezhouba Group e Hidrocuyo.

En 2014, el Gobierno aprobó el modelo de contrato con China para que financie parte de la obra, y en febrero de 2015 se ordenó su inicio que comenzaron pero el cambio de Gobierno puso en duda su continuidad.

La administración Cambiemos llevó adelante una readecuación de precios y del proyecto, lo que significó que se firmara un nuevo contrato.

En septiembre del año pasado las empresas y el Ministerio de Energía y Minería firmaron la adenda IV (una modificación del contrato original sin necesidad de suscribir uno nuevo) que implicó que el proyecto contará con menos turbinas -pasa de las 11 originales a ocho-, por lo que la represa Kirchner que tenía previsto seis turbinas finalmente estará equipada con cinco y la Cepernic se reducirá de cinco a tres.

El cambio implica una modificación en la cantidad de generación de energía, que pasará de las 1760 MW que iba a generar originalmente a 1290 MW de potencia.

Además, el nuevo contrato introdujo una línea nueva de alta tensión.

La adenda también sirvió para fijar los nuevos costos y plazos. Luego de una evaluación de costos y de la aplicación del Decreto 691 sobre Redeterminación de Precios, la obra pasó de los u$s 7000 millones originales a u$s 4500 millones. En lo referido al plazo de concreción se estiró de 66 a 80 meses.

Además, quedó establecido que una vez concluida la obra los derechos de venta de energía pasarán a manos del Estado nacional y la provincia de Santa Cruz recibirá 12% de regalías por la generación, que se pagará en energía.

Una vez acordado el nuevo contrato, en octubre pasado las empresas lanzaron una licitación local e internacional para la compra de hierro, equipos de comunicación, camiones, y hasta termotanques por más de $ 2000 millones, lo que significaba que las obras tomaban impulso.

Esto quedó trunco cuando en el 22 de diciembre, y por un fallo unánime, la Corte Suprema frenaba la obra a la espera de un estudio ambiental. Aunque formalmente el tribunal supremo no se expidió, los dichos del empresario y del funcionario público confirmarían que el informe de Impacto Ambiental habría dado el visto bueno.

La noticia en El Cronista