Por Sergio Echevarrena, presidente de Capipe (*)

Los convenios firmados entre la República Argentina y la República Popular China en febrero de este año han generado una buena cantidad de comentarios, informes y opiniones que van desde lo irresponsable, al considerarlos que violan la Constitución Nacional y pasibles de ser anulados; alarmistas invocando una imposible marea de trabajadores chinos precarizados, hasta los más serios e informados como el que escribió para el suplemento Cash de P12 el doctor Aldo Ferrer. 

Desde nuestra perspectiva es importante señalar que los tratados bilaterales son frecuentes y, habitualmente, definen marcos generales en los que pueden o no inscribirse políticas específicas y detalladas. Por ejemplo, encontramos 135 tratados firmados entre Argentina y China desde el año 1947, 228 entre España y Argentina y 263 con Estados Unidos. Con Estados Unidos, el primero es bien específico y concreto: firmado en julio de 1853 a días de la batalla de Caseros, establece la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay.

Por otro lado, la ausencia de convenios no impide transformaciones profundas en las relaciones económicas. Así y por ejemplo, para el año 2003 las compras en EE.UU. representaban el 29.6% de la importaciones de bienes de capital (BK) y disminuyeron al 16% para el año 2013, mientras que las de origen chino, pasaron de explicar el 2.6% al 19.3% de las compras externas de BK entre el 2003 y el 2013. Las importaciones de otros orígenes se mantuvieron estables o con mínimas variaciones. Este notable cambio en el origen de las importaciones de bienes de capital se produjo en ausencia de los convenios tan criticados por algunos y acaso explique, en parte, el porqué de algunas virulentas objeciones.

En realidad, la mayor o menor importación de insumos y productos, depende entre otras cosas, de las características estructurales de la economía, de aranceles y normas, del nivel de desarrollo de la industria, su integración y complejidad, del complejo Investigación + Desarrollo (I+D), de la escala, de las políticas públicas, del comportamiento de los empresarios, etc., y no de uno u otro convenio.

En el caso particular de los convenios firmados en febrero, muchas de cláusulas incorporadas recogen preocupaciones de los industriales argentinos. Por ejemplo, el Convenio complementario en materia de inversión industrial, art. 1 sec. 1 y 2 dice:

“Planear,diseñarypromovervigorosamentelacooperaciónenmateriadeinversiónindustrialentrelosdospaíses paralograrlaintegraciónindustrialenel medianoplazo(cincoaños),conelobjetodeincrementarelvaloragregadoenlossectoresexportadores,afindepromoverelequilibriodinámicoenla relacióneconómicabilateral”….”asícomocrearcondicionesfavorablesparaqueChinalleveacabosusestrategias,entreellas,ImpulsarelDesarrolloconInnovaciónyPromoverun NuevoSistemadeEconomíaAbierta,yparaquelaArgentinaavanceenlaconsolidacióndesuprocesodecrecimientoeconómicoconinclusiónsocialbasadoenlaindustrialización”.

Repito, pueden encontrarse en los convenios párrafos para el gusto o disgusto de muchos, sin embargo los ejes de discusión deben ser otros:

1-Si bien China viene desarrollando una estrategia de inserción internacional respetuosa de las soberanías nacionales (no pide paquetes de medidas económicas a cambio de inversiones o préstamos) y promueve acuerdos para el ‘beneficio mutuo’, ese equilibrio no se dará naturalmente si en Argentina no encontramos el modo de compensar las diferencias notables de escala, competitividad y financiamiento, entre ambas industrias. Digo, si para cada proyecto o área no se establecen mecanismos claros y concretos de participación de la industria argentina, los ‘créditos de proveedores’ para el transporte, la energía y otros sectores, implicarán el desembarco de toda o casi toda la cadena de valor china con poco lugar para el trabajo nacional.

2-Entender que la sustitución de importaciones y el desarrollo de la industria tienen, como capítulo central, la sustitución de importaciones de ingeniería. Claramente, la utilización de uno u otro producto, de tal o cual proveedor, se decide casi siempre a la hora de hacer la ingeniería del proyecto y, si adoptamos soluciones en ‘paquetes cerrados’, la participación de proveedores argentinos se limitará a productos no críticos o a la oferta de algunas empresas con mayor poder de lobby o cercanía con los núcleos de decisión.

3-Las empresas chinas estatales o las que incorporan capital privado, responden a una estrategia trazada por el estado chino desde hace casi 40 años, funcionan en bloque y con ese poder político detrás. Del mismo modo, cuentan con los recursos, los subsidios y el financiamiento necesario para penetrar otros mercados. Por lo tanto, es necesario que la implementación de estos acuerdos configure, como contra partida en la Argentina, un modelo planificado y estructurado que permita, con el foco puesto en la idea de alianza estratégica, detectar las oportunidades y las debilidades y, en función de un plan de desarrollo industrial a largo plazo, establecer las estrategias, organizar a los actores (estatales y privados) y disponer los recursos con el fin de que puedan minimizarse las asimetrías entre la industria china y la argentina.

4-El estado argentino debe profundizar y perfeccionar las políticas actuales para trazar un plan estratégico de industrialización de largo plazo. Un plan que tienda a resolver la incompleta industrialización, la permanente tendencia a la primarización, la concentración y la extranjerización de la economía. Plantados desde ese lugar, la relación económica con China puede ser una relación madura que evite la tentación de volver a convertirnos solo en proveedores de materias primas de una potencia industrial.

5-El desarrollo industrial no se da naturalmente y tiene un costo, todas las potencias industriales lo han pagado. Si no se entiende este hecho, la competencia directa, sin mediación de políticas públicas, de la industria china con la industria argentina, puede significar la desaparición de esta. Los convenios, con política industrial detrás, pueden ser una oportunidad de avanzar varios casilleros..

6-Los empresarios argentinos, básicamente los PYME’s, debemos comprender la necesidad de organizarnos para actuar agrupados reclamando el lugar que nos corresponde en los pasos futuros relacionados con los convenios al mismo tiempo que reclamamos no abandonar las políticas de industrialización aunque disfracen de ‘futuro’ de ‘cambio’ de ‘distinto’ las políticas de ajuste y desprotección de la industria nacional. Debemos ocupar con propuestas los espacios que estos acuerdos han reservado a la sociedad civil para convertir esos convenios en instrumentos para el desarrollo armónico de ambos países. 

(*) Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética