El Senado de la Nación aprobó ayer y giró a Diputados un proyecto de ley que contiene un convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones entre la Argentina y China que, a su vez, va acompañado por dos acuerdos sobre inversiones industriales e infraestructura. La iniciativa fue respaldada por el Frente para la Victoria y rechazada por la oposición, en una votación que terminó 36 a 13.

El proyecto, basado en los acuerdos firmados por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Xi Jiping en Buenos Aires en julio pasado, con inversiones previstas por unos 7.500 millones de dólares (más un swap de monedas ya operativa que tiene un monto máximo de 11.000 millones), también permite a las autoridades de ambos países a celebrar arreglos específicos adecuados a este convenio marco.

También se prevé un plan quinquenal de infraestructura cuyas obras podrán concederse por adjudicación directa.

El artículo sexto del convenio concede condiciones de igualdad laboral para chinos y argentinos, pero quedó abierta la posibilidad de una reforma en beneficio local pedida por el sindicalismo argentino, aclaró el jefe del bloque de senadores del FPV, Miguel Angel Pichetto.

Frente a las críticas mediáticas y de la oposición, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó que el acuerdo representa “una complementación estratégica para la expansión de la capacidad económica”.

“China ocupa un lugar preponderante en el escenario mundial y forma parte de la agenda de los países emergentes desde el punto de vista de su contribución al crecimiento de la economía mundial”, destacó.

Asimismo, Capitanich señaló que hay “perspectivas para el financiamiento de una nueva central atómica, la adquisición de dragas para el aprovechamiento fluvial”, y los acuerdos para el intercambio de monedas (“swaps”).

La oposición cuestiona el convenio marco de cooperación en materia económica y de inversiones con la República Popular de China, que fue firmado el 18 de julio pasado durante la visita de Xi a Buenos Aires.

Los puntos más cuestionados son la autorización para la instalación de una estación espacial china en la provincia de Neuquén por 50 años, las ventajas impositivas y la aplicación de normas laborales chinas a los empleados de ese país que trabajen en los proyectos.

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